Un bufete de abogados impugna el proceso gubernamental por considerarlo carente de base legal
La controvertida consulta pública lanzada por el Gobierno sobre la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre Banco Sabadell ha llegado a los tribunales. El despacho de abogados Statera Legal ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el procedimiento abierto por el ministro de Economía Carlos Cuerpo, alegando graves irregularidades en el proceso.
Los argumentos del recurso
El bufete impugna la consulta pública por falta de cobertura legal y violación del principio de igualdad, cuestionando la validez jurídica del mecanismo utilizado por el Ejecutivo. El abogado Ibor Fernandes, accionista de BBVA y socio de Statera Legal, lidera esta iniciativa judicial que busca anular los efectos de una consulta que consideran discriminatoria.
Los letrados argumentan que el Gobierno carece de base legal suficiente para utilizar este tipo de consultas como instrumento de decisión en operaciones corporativas de esta envergadura, especialmente cuando ya existe un marco regulatorio específico establecido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Medidas cautelares solicitadas
Como medida cautelar, el despacho solicita la suspensión de la utilización de los resultados de la consulta para decidir sobre la OPA. Esta petición busca impedir que el Gobierno base su decisión final en un proceso que consideran viciado de nulidad.
La solicitud de medidas cautelares cobra especial relevancia dado que el Ministerio de Economía está apurando el plazo para decidir si eleva al Consejo de Ministros la OPA del BBVA sobre Sabadell, lo que podría hacer que cualquier resolución judicial llegue tarde para influir en la decisión gubernamental.
Contexto de la operación
La consulta pública se diseñó para recabar información «útil» sobre qué opina la sociedad española sobre la OPA «hostil» del BBVA sobre Sabadell. El proceso se desarrolló durante 7 días hábiles a través de la web del Ministerio de Economía, finalizando el 16 de mayo.
El cuestionario constaba de seis preguntas relacionadas con los criterios de interés general que podrían verse afectados por la operación, en un formato que ha generado críticas por su falta de precedentes en operaciones similares.
Precedente sin antecedentes
El Gobierno utilizó por primera vez el proceso de consulta pública previa para fijar su posición sobre una OPA, después de que la CNMC completara su análisis de un año sobre la operación. Esta novedad procedimental es precisamente uno de los puntos que cuestiona el recurso interpuesto.
La iniciativa gubernamental ha generado división de opiniones en el sector financiero y jurídico, con voces que cuestionan tanto la legalidad como la oportunidad de este mecanismo en el contexto de una operación que ya cuenta con los cauces regulatorios establecidos.
Próximos pasos
La Audiencia Nacional deberá ahora examinar la admisibilidad del recurso y pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas. Paralelamente, el Ministerio de Economía ha anunciado que publicará un informe sobre los resultados de la consulta, documento que podría ser clave en la decisión final del Ejecutivo.
El desenlace de este recurso podría sentar un importante precedente sobre los límites del poder gubernamental en operaciones corporativas y el uso de consultas públicas como instrumento de decisión en el ámbito financiero.
La OPA del BBVA sobre Sabadell, valorada en más de 12.000 millones de euros, se encuentra así en una fase crítica donde confluyen consideraciones económicas, jurídicas y políticas que determinarán el futuro del mapa bancario español.
