Gobierno propone subida de carga fiscal a propietarios de segundas residencias
En medio de un debate acalorado sobre la propuesta del Gobierno para aumentar la carga fiscal a los propietarios de segundas residencias que las mantengan vacías, los economistas no encuentran claridad en la tesis de que esta medida incrementará la oferta de alquileres asequibles en España.
La redacción actual de la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados ha levantado preocupaciones sobre el impacto que tendría en las bases imponibles del IRPF para los contribuyentes que posean viviendas en localidades rurales o zonas costeras y no las ofrezcan en alquiler.
Impacto en la oferta de vivienda
Expertos advierten que penalizar fiscalmente a los propietarios de estas segundas residencias podría no ser la solución para mejorar la oferta de vivienda asequible, especialmente porque la mayoría de estas propiedades no se encuentran en las ciudades donde la demanda de alquiler es más alta. Además, las medidas intervencionistas del gobierno han generado temor entre los propietarios, llevándolos a vender sus propiedades o destinarlas al alquiler turístico.
Revertir la sobreprotección jurídica de los inquilinos, otorgada por la Ley de Vivienda y el decreto antidesahucios, podría ser más efectivo que las medidas punitivas para incentivar a los propietarios a ofrecer sus viviendas en alquiler.
Contexto y análisis
Es importante recordar que la carga tributaria en España sobre la vivienda en propiedad es cinco veces mayor que el promedio de la Unión Europea. A pesar de esto, la oferta de alquileres ha disminuido un 17% en los últimos dos años, lo que plantea dudas sobre la efectividad de las medidas fiscales para aumentar la oferta de vivienda.
Se percibe un claro afán recaudatorio en las nuevas medidas intervencionistas del Gobierno, que podrían generar más distorsiones en el mercado inmobiliario si se aplican sin un análisis más detallado de su impacto real.
En este sentido, es fundamental considerar alternativas que promuevan un equilibrio entre la protección de los inquilinos y los incentivos para los propietarios, fomentando así un mercado de alquiler más dinámico y accesible para todos los ciudadanos.
