El Senado italiano da luz verde a una polémica ley de seguridad
Aquí en InversorHoy, hemos estado siguiendo de cerca una controversia política que ha estado cociéndose en Italia. Y la cosa se puso picante. Resulta que el Parlamento italiano ha dado el visto bueno a una ley de seguridad que ha levantado no pocas ampollas. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha estado haciendo campaña a favor de estas medidas, a pesar de las protestas y las críticas de la oposición.
Esta ley ha sido el centro de un buen revuelo en los últimos meses, con partidos políticos, sindicatos y diversas organizaciones metiendo baza. Después de todo, lo cierto es que no todos los días se introducen cambios tan drásticos en las políticas de seguridad. A pesar de todo, la norma ha pasado por el aro con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención.
Un voto de confianza y protestas
El asunto es que esta ley llegó al Senado después de haber sido previamente validada en la Cámara de Diputados con una moción de confianza. Este es un truco bastante común en la política italiana cuando se quiere acelerar la tramitación de una norma en el Parlamento, evitando de paso la discusión de las enmiendas presentadas por la oposición. Vamos, que no se han andado con chiquitas.
En medio de la votación, hubo una buena bronca en el Senado. Los representantes del Partido Demócrata (PD), Movimiento 5 Estrellas (M5S) y Alianza Verdes e Izquierdas (AVS) se plantaron delante de los escaños del Gobierno al grito de «Vergüenza, vergüenza» y pidiendo la convocatoria de la conferencia de líderes de los grupos parlamentarios.
El contenido de la ley: más seguridad o más represión
La ley en cuestión endurece las sanciones en caso de motines en las cárceles, ocupación de viviendas, acciones de desobediencia civil y introduce nuevas formas del delito de terrorismo. También se ha creado el delito de ocupación arbitraria de inmuebles, permitiendo a la policía liberar inmuebles ocupados sin necesidad de una orden judicial. Y ni hablar de penas de cárcel de hasta siete años.
Una de las medidas más polémicas es la eliminación de la obligación de aplazar la pena para las mujeres embarazadas y con hijos. Según la primera ministra Meloni, «el refuerzo de las herramientas policiales es un paso decisivo para la protección de los ciudadanos». Sin embargo, desde el otro lado del ring, la secretaria del PD, Elly Schlein, sostenía que «este decreto es pura propaganda». En cualquier caso, parece que la tensión en la política italiana no va a desaparecer pronto.
En resumen, se ha reforzado la protección legal de la policía, se han incrementado las penas por lesiones, resistencia y violencia contra funcionarios públicos y se ha introducido una circunstancia agravante si el acto se comete contra un agente de la policía judicial o de seguridad pública. Además, se contempla la posibilidad de equipar a la policía con cámaras corporales para grabar la actividad operativa y se introduce una ayuda financiera para gastos legales de hasta 10.000 euros para los agentes involucrados en procedimientos penales relacionados con el servicio.
La medida es un claro ejemplo de cómo los gobiernos están tratando de aplacar la inflación en un clima de incertidumbre económica, y también nos recuerda los desafíos a los que se enfrenta la industria, que resurge en mayo tras trío de meses en declive.
Se trata de una medida que puede resultar polémica, especialmente si se compara con otras políticas como la del Gobierno español, que establece el blindaje de las VPO como requisito para la inversión estatal en vivienda. Parece que en Italia, la visión sobre la seguridad y el derecho a la vivienda pueden estar tomando un camino diferente al de otros países europeos.
Endurecimiento de las penas
Lo cierto es que las cosas se están poniendo feas para quienes usan a menores en mendicidad y los que comenten fraude. La ley viene con mano dura y se refuerzan las medidas para reprimir este tipo de conducta, especialmente cuando se trata de estafas a la tercera edad. Un detalle al que hay que prestar atención es que se ha introducido una hipótesis específica para estos casos de fraude agravado. ¿El castigo? Nada más y nada menos que una pena de dos a seis años, además de una multa que puede oscilar entre 700 y 3.000 euros.
Manifestaciones en contra
El pasado sábado, Roma se vio inundada por más de 10.000 personas que salieron a las calles para manifestarse en contra de este controvertido decreto. Pancartas con mensajes como «Levantemos la cabeza contra el Estado del miedo» o «Meloni, vete» se mezlacaban entre la multitud, que repetía al unísono el lema «Frente a un Gobierno de fascistas, hasta la victoria».
El mercado inmobiliario en el País Vasco
En cualquier caso, dejando a un lado los conflictos sociales, nos trasladamos al País Vasco, donde el mercado inmobiliario sigue siendo una apuesta segura. Con una oferta ‘prime’ que no para de crecer, la región se posiciona como un lugar exclusivo y dinámico para invertir.
Según fuentes de la industria, los oficios de electromecánico, soldador o tornero son de los que más vacantes tienen actualmente. ¿Estará esto relacionado con el resurgimiento de la industria en mayo tras un trío de meses en declive?
¿Y qué pasa con las inmobiliarias en la bolsa?
Por otro lado, es importante preguntarse si las inmobiliarias tienen margen de crecimiento en bolsa. Todavía está por verse, pero lo que sí es cierto es que, con la reciente postura de Sánchez sobre el blindaje de las VPO como requisito para la inversión estatal en vivienda, el panorama puede cambiar. Para más detalles sobre este tema, podéis leer la nota completa aquí.
Para cerrar, no puedo evitar hacer una comparación con uno de esos juegos de ajedrez que tanto me gustan. Como en el tablero, cada movimiento que hacemos en la economía tiene consecuencias, hay que saber cuándo arriesgar y cuándo mantener la defensa. En este contexto tan volátil, con el desafío de aplacar la inflación y un clima de incertidumbre económica, cada jugada es clave. ¿Qué movimientos nos deparará el futuro? Solo el tiempo lo dirá.
