El Gobierno español ha presentado una propuesta legislativa que introduce un nuevo impuesto del 100% sobre el valor de la vivienda para compradores extranjeros no residentes en la Unión Europea. Esta medida busca frenar la especulación inmobiliaria y facilitar el acceso a la vivienda para los ciudadanos españoles.
Según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un extranjero que adquiera una vivienda de segunda mano por 600.000 euros deberá pagar 36.000 euros en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y 564.000 euros adicionales por el nuevo impuesto complementario, sumando un total de 1,2 millones de euros.
El presidente del REAF, Agustín Fernández, ha calificado esta medida de «locura» y ha advertido sobre su posible carácter confiscatorio, sugiriendo que podría ser impugnada judicialmente. Además, señaló que esta política podría desincentivar la inversión extranjera y dificultar la reventa de las propiedades adquiridas bajo estas condiciones.
Cabe destacar que esta propuesta no afectaría a las viviendas de obra nueva, ya que estas están sujetas al IVA y no al ITP. Por lo tanto, los compradores que adquieran propiedades directamente de promotores inmobiliarios quedarían exentos del nuevo impuesto.
La medida forma parte de un paquete de reformas fiscales y regulatorias presentadas por el PSOE, que también incluye un aumento del IVA al 21% para los alquileres turísticos de corta duración y una mayor tributación para las viviendas vacías y las socimis que no ofrezcan alquileres asequibles.
El objetivo del Gobierno es combatir la crisis de vivienda en España, donde el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más difícil para los ciudadanos debido al aumento de los precios y la escasez de oferta. Sin embargo, la propuesta ha generado controversia y críticas por parte de expertos y sectores del mercado inmobiliario, que advierten sobre sus posibles efectos negativos en la inversión extranjera y la economía en general.
