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ERC y Junts intensifican su presión sobre Sánchez, anticipando un nuevo año sin aprobación de Presupuestos

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¿Qué nos depara el próximo curso político? Si algo es seguro, es que va a estar movidito. Y no precisamente por los habituales debates sobre leyes y presupuestos. De hecho, la mayor incógnita reside en la relación del Gobierno con sus aliados parlamentarios. Un caso emblemático podría ser Cataluña, que amenaza con darle jaque a Pedro Sánchez y su equipo. ¿El motivo? El descontento con su sistema de financiación.

La calma antes de la tormenta

Lo cierto es que, tras un agosto más bien caluroso en todos los sentidos, septiembre se perfila como un mes trascendental. Y no solo porque comenzará un nuevo año político, sino porque Sánchez tiene varios frentes abiertos que amenazan con ponerle las cosas difícil.

Entre escándalos de corrupción que salpican al PSOE y a su círculo de confianza, y la reciente imputación de su esposa, Begoña Gómez, por presuntos malos manejos, el panorama no pinta nada bien. Y es que, además, las asignaturas pendientes en materias como Defensa, vivienda o la Ley del Suelo, se suman a los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023.

El dilema de los Presupuestos

Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo tiene la firme intención de presentar un proyecto presupuestario para 2026. Pero la gran pregunta es: ¿recibirá el apoyo suficiente en el Congreso? Aquí es donde entran en juego los nacionalistas y soberanistas, especialmente ERC y Junts.

Y es que estos grupos han sido claros: su respaldo a los Presupuestos dependerá de sus exigencias. Y una de las más sonadas es la revisión del sistema de financiación de Cataluña.

El debate de la financiación autonómica

A nadie se le escapa que este asunto es un auténtico polvorín. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido de que no negociará unas Cuentas para 2026 hasta que Cataluña tenga el sistema de financiación que, según él, merece.

Para los que no lo sepan, se avecina la aprobación gubernamental del proyecto de ley para la condonación de la deuda autonómica. Si se llegase a conceder una financiación singular a Cataluña, podría suponer un terremoto político. Para empezar, rompería la igualdad entre territorios y pondría en serio peligro los recursos y los servicios públicos del resto de regiones del régimen común.

¿Y ahora qué?

No tengo una bola de cristal, pero me parece que el Gobierno tiene por delante un otoño de lo más movidito. Entre la espada y la pared, deberá encontrar la forma de mantener a flote las alianzas parlamentarias sin ceder a todas las presiones.

¿Será capaz de lograrlo? Solo el tiempo lo dirá. Pero, en cualquier caso, será interesante ver cómo se desarrollan las cosas. No olvidemos que, a fin de cuentas, las decisiones que se tomen en los próximos meses pueden tener un impacto directo en la economía del país. Como ya vimos con el renovado optimismo empresarial en Alemania tras el pacto de aranceles UE-EEUU en Agosto, los vaivenes políticos también pueden influir en la confianza de las empresas y, por ende, en la salud de nuestra economía.

Lo cierto es que la política española es complicada, y si hablamos de la relación entre Cataluña y el gobierno central, aún más. La última novedad es que Oriol Junqueras, líder de ERC, ha lanzado un reclamo bastante claro a Pedro Sánchez: si el presidente desea obtener los Presupuestos, tendrá que demostrarlo con hechos y garantizar que Cataluña reciba la financiación que merece.

La presión sobre Sánchez se intensifica

Junqueras insiste en que no planea negociar sobre las Cuentas para 2026 hasta que no se solucione la financiación singular para Cataluña. Además, ha hecho un llamamiento a Junts, liderado por Carles Puigdemont, para que se una a esta creciente presión sobre Sánchez. Y es que, según Junqueras, en este envite Cataluña «se lo juega prácticamente todo».

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Pero, en cualquier caso, no toda la independencia catalana está unida. Puigdemont, por ejemplo, sigue centrado en sus propios objetivos, ejerciendo su presión en paralelo, pero por separado, sobre Sánchez. Y ya advierte que puede retirar su apoyo este otoño si no ve avances.

Acuerdos y desacuerdos entre socialistas y neoconvergentes

Socialistas y neoconvergentes han llegado a acuerdos muy relevantes para la integridad del Estado español, como el traspaso a Cataluña de las competencias en inmigración. Sin embargo, el tema de la ley de amnistía, que entró en vigor hace más de un año pero que no ha permitido a Puigdemont retornar a Cataluña, sigue siendo un punto de fricción. El 8 de agosto, Puigdemont acusó a Sánchez de «pasividad» ante este asunto.

El futuro de la legislatura en manos de independentistas

El Gobierno socialista es consciente de que el futuro de la legislatura depende del beneplácito de sus aliados independentistas. Por eso, durante este verano ha hecho varios guiños a estos, como reactivar su ofensiva contra el modelo fiscal de Madrid, acusándolo de dumping fiscal. Parece que Sánchez está preparando el terreno para retomar la controvertida negociación sobre la soberanía fiscal catalana después del verano.

Vale la pena recordar que para el gobierno central, el tema de la deuda autonómica es crítico. Según fuentes, parece ser que se avecina la aprobación gubernamental del proyecto de ley para la condonación de la deuda autonómica.

Para cerrar, es innegable que tanto la financiación autonómica como el apoyo político de partidos como ERC y Junts son factores que podrían jugar roles decisivos en el futuro de la legislatura. ¿Conseguirá Sánchez el apoyo necesario o estamos ante una posible crisis política? Sólo el tiempo dirá.

Se calienta la negociación de la deuda autonómica

Iniciaré este artículo con un dato realmente controvertido: parece que el Gobierno de España se dispone a condonar nada menos que 83.000 millones a las Comunidades Autónomas (CCAAs), y ojo, más de 17.000 de ellos corresponden a Cataluña. Es una cuestión importante y de la que ya adelanté algo en mi artículo sobre la aprobación gubernamental del proyecto de ley para la condonación de la deuda autonómica. En cualquier caso, eso significa que Cataluña se llevaría nada menos que el 20% del pastel.

Lo cierto es que ya a mediados de julio se vislumbraban estas posibilidades. El Gobierno y la Generalitat parecían ponerse de acuerdo para engordar las arcas de la Hacienda catalana y prepararla para esta futura maniobra financiera.

El apoyo a los presupuestos, una cuestión clave

Ahora, no serán las palabras lo que cierre este asunto, sino los hechos. Con la legislatura echando humo y un reloj de arena mostrando que el tiempo se agota, parece que estamos ante un tira y afloja político de altura. Los partidos catalanes ERC y Junts exigen acciones concretas y vuelven a poner sobre la mesa el dilema de los Presupuestos. No obstante, relacionar la financiación exclusiva de Cataluña con el apoyo a los presupuestos generales del estado es, como quien dice, un auténtico pez que se muerde la cola.

En busca de equilibro para todas las CCAAs

Se plantea aquí una cuestión interesante: ¿es factible conceder una financiación especial a Cataluña que no perjudique al resto de CCAAs? Según el Gobierno, sí, es posible este equilibrio. Es más, la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, se atrevió a afirmar a principios de agosto que no habrá favoritismos entre unas CCAAs y otras. ¿Podemos dar por sentado que todas «pueden estar tranquilas»?

Riesgos al acecho

No todo el mundo comparte la visión optimista de la ministra Saiz. Tanto la oposición política como diversos agentes económicos advierten de las graves consecuencias que podría acarrear un cupo exclusivo para Cataluña. Según cálculos publicados por Morningstar DBRS, esta maniobra podría dejar a la Hacienda española con 24.000 millones menos al año, lo cual pondría en peligro la estabilidad fiscal a nivel nacional y la financiación de otras CCAAs. ¡Menuda papeleta!

En este contexto, si Cataluña se desligara del régimen común, el golpe a las arcas del estado y, por ende, a las de las demás CCAAs, sería tremendo. ¿La solución? Por un lado, recortar servicios sociales o, por otro, incrementar aún más la presión fiscal sobre la población.

En conclusión

Visto el panorama, el futuro financiero de las Comunidades Autónomas se presenta bastante movido. Y aunque la Airef no ha querido meterse en camisas de once varas, sí ha dejado caer que cualquier fragmentación podría acarrear pérdidas de eficacia y eficiencia. De todas formas, no todo es negativo. Como os conté en mi artículo sobre el optimismo empresarial en Alemania tras el pacto de aranceles UE-EEUU, a veces los acuerdos pueden traer buenas noticias. Lo que está claro es que este sudoku financiero aún tiene muchas piezas por encajar.

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